¿Qué es el Derecho al Olvido”?

El Derecho al Olvido fue introducido en 2014 por una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ratificado en 2016 por el Reglamento Europeo 679/2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD).

Dicha regulación se hizo
necesaria cuando los legisladores detectaron la dificultad de una persona de
borrar su huella en Internet, aun cuando la información la hubiese hecho pública
la propia persona.

Dicho derecho, también conocido, como “Derecho de Supresión” viene regulado en el Artículo 17 del referido RGPD:

El
interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del
tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual
estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando
concurran determinadas circunstancias (….)

Cuando haya hecho
públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el
apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo
en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará
medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los
responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del
interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o
cualquier copia o réplica de los mismos”.

¿Quién es el Responsable del Tratamiento de los datos
que aparecen en buscadores de Internet?

El referido Artículo del RGPD establece que el interesado deberá dirigirse al “Responsable del Tratamiento” para el ejercicio de este derecho.

Sin embargo, en el caso
de Internet, esto parece una tarea difícil, teniendo en cuenta que la fuente
original del contenido puede haber sido un prestador de servicios de internet
(titular de un sitio web) y con posterioridad dicha información puede haber
sido indexada por los diferentes buscadores de información. Ej Google.

En muchas ocasiones es
bastante complicado acceder a la web original que publicó un contenido, información
o datos personales (bien porque hayan cambiado de dominio, o porque en la
actualidad hayan dejado de existir), sin embargo la información sigue
apareciendo en diversos sitios web cuando se realiza una búsqueda.

Teniendo en cuenta dicha
complejidad, el legislador ha permitido que este derecho se pueda ejercitar
ante el creador original del contenido o ante aquellos que realizan la
posterior difusión de los mismos, es decir, ante los buscadores.

¿A partir de
qué momento deja de aparecer la información en Internet una vez ejercitado este
derecho?

La
información puede que no desaparezca completamente, pero una vez ejercitado el
derecho por la persona física titular de los datos, no aparecerá su nombre
asociado a dicha información, con lo cual su privacidad quedaría salvaguardada.

¿Cuál es el procedimiento
a seguir en estos casos?

Como cualquier otro derecho de Protección de Datos de una persona física reconocido por las normativas vigentes: el RGPD y la actual Ley 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los derechos digitales (en adelante “LOPDGDD”) (acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación, portabilidad), este derecho al Olvido debe ser ejercido por la persona titular del mismo frente al Responsable del tratamiento.

La
persona que quiera ejercitarlo debe acceder enviar su solicitud a la dirección (postal
o electrónica) del sitio web que haya realizado la publicación original o bien
ante los canales habilitados a estos efectos en el caso de los buscadores, realizar
su solicitud formalmente e identificarse aportando fotocopia de su documento de
identidad.

La contestación
a dicha solicitud debe ser proporcionada al ciudadano en el plazo de 1 mes
(prorrogable a 2 meses en casos excepcionales). Si no se obtiene respuesta o el
solicitante considera que la respuesta que recibe no es la adecuada o es insuficiente,
puede interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos,
quien ejercerá la tutela de dicho derecho y determinará la decisión aplicable
en cada caso.

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