La Directiva que protegerá a los denunciantes de actos de corrupción será próximamente aprobada

La nueva Directiva europea para proteger a todos aquellos denunciantes (whistleblowers) que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea está cada vez más próxima. Tras el proceso de información, durante el cual todos los ciudadanos pudieron presentar sus comentarios ante la Comisión, se encuentra actualmente en la fase de negociación previa a su aprobación. Una vez ratificada, los Estados miembros deberán, antes de 2021, transponer la Directiva a sus ordenamientos internos. En esencia, lo que se pretende es establecer unos canales protegidos de denuncias y prohibir cualquier represalia contra quienes se atrevan a sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos.

¿Qué actos serán denunciables?

Los actos denunciables comprenderán las materias de contratación pública, servicios financieros (como blanqueo de capitales o financiación al terrorismo), seguridad alimentaria (tanto en personas como en animales), seguridad nuclear, de productos y de transporte, protección del medio ambiente, salud pública, protección al consumidor, a la privacidad y a los sistemas de comunicación.

¿Qué canales de denuncia se contemplan?

Se dispondrá de un sistema de canales de denuncia a triple nivel. En un primer momento, se deberá acudir al canal interno de la propia empresa u organización. Sólo cuando no se haya obtenido una respuesta satisfactoria, se podrá recurrir al canal externo puesto a disposición por las autoridades correspondientes y, en caso de que ninguno de estos dos canales resulte o se prevean riesgos inminentes, finalmente se podrá acudir a los medios de comunicación.

¿Cómo se protegerá al denunciante?

Asimismo, la Directiva prohibirá todo tipo de represalia contra el denunciante o informador, ya sea en forma de despido, degradación o cualquier acto contra el empleado en su puesto laboral. Ante ello los denunciantes estarán protegidos, y en caso de que algo así les suceda, le corresponderá al empleador demostrar que no está tomando medidas coercitivas a raíz de la denuncia. Además, a los denunciantes no se les considerará infractores de posibles restricciones a la divulgación de información impuestas por contrato o ley y contarán con protección ante procedimientos contra ellos por difamación, violación de los derechos de autor o revelación de secretos.

Principales críticas

A pesar de que la nueva Directiva ha obtenido de forma generalizada reconocimiento por el importante avance que supone en la lucha contra la corrupción, no ha quedado exenta de ciertas críticas por parte de expertos en el sector. Así, se han señalado, como puntos a mejorar: la garantía del anonimato de los informadores, y no sólo su confidencialidad; la posibilidad de acudir directamente a los medios de comunicación sin necesidad de pasar por los canales internos y externos previstos, o el hecho de dejar fuera de toda protección a otro tipo de informantes distintos a trabajadores, como hackers o activistas.

En ATEA COMPLIANCE, como expertos en cumplimiento normativo, disponemos de abogados especialistas que te podrán aconsejar sobre cómo implantar un sistema de denuncias conforme con la normativa vigente.