La Directiva que protegerá a los denunciantes de actos de corrupción será próximamente aprobada

La nueva Directiva europea para
proteger a todos aquellos denunciantes (whistleblowers) que
informen sobre corrupción o fraudes y violaciones de las leyes en los países de
la Unión Europea está cada vez más próxima. Tras el proceso de información,
durante el cual todos los ciudadanos pudieron presentar sus comentarios ante la
Comisión, se encuentra actualmente en la fase de negociación previa a su
aprobación. Una vez ratificada, los Estados miembros deberán, antes de 2021,
transponer la Directiva a sus ordenamientos internos. En esencia, lo que se
pretende es establecer unos canales protegidos de denuncias y prohibir
cualquier represalia contra quienes se atrevan a sacar a la luz irregularidades
en empresas privadas y organismos públicos.

¿Qué actos serán denunciables?

Los actos denunciables comprenderán las materias de contratación
pública, servicios financieros (como blanqueo de capitales o financiación al
terrorismo), seguridad alimentaria (tanto en personas como en animales),
seguridad nuclear, de productos y de transporte, protección del medio ambiente,
salud pública, protección al consumidor, a la privacidad y a los sistemas de
comunicación.

¿Qué canales de denuncia
se contemplan?

Se dispondrá de un sistema de canales de denuncia a
triple nivel. En un primer momento, se deberá acudir al canal interno de la
propia empresa u organización. Sólo cuando no se haya obtenido una respuesta
satisfactoria, se podrá recurrir al canal externo puesto a disposición por las
autoridades correspondientes y, en caso de que ninguno de estos dos canales
resulte o se prevean riesgos inminentes, finalmente se podrá acudir a los
medios de comunicación.

¿Cómo se protegerá al
denunciante?

Asimismo, la Directiva prohibirá todo tipo de represalia
contra el denunciante o informador, ya sea en forma de despido, degradación o
cualquier acto contra el empleado en su puesto laboral. Ante ello los
denunciantes estarán protegidos, y en caso de que algo así les suceda, le
corresponderá al empleador demostrar que no está tomando medidas coercitivas a
raíz de la denuncia. Además, a los denunciantes no se les considerará
infractores de posibles restricciones a la divulgación de información impuestas
por contrato o ley y contarán con protección ante procedimientos contra ellos
por difamación, violación de los derechos de autor o revelación de secretos.

Principales críticas

A pesar de que la nueva Directiva ha obtenido de forma
generalizada reconocimiento por el importante avance que supone en la lucha
contra la corrupción, no ha quedado exenta de ciertas críticas por parte de
expertos en el sector. Así, se han señalado, como puntos a mejorar: la garantía
del anonimato de los informadores, y no sólo su confidencialidad; la
posibilidad de acudir directamente a los medios de comunicación sin necesidad
de pasar por los canales internos y externos previstos, o el hecho de dejar
fuera de toda protección a otro tipo de informantes distintos a trabajadores,
como hackers o activistas.

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