¿Qué consecuencias prácticas conllevan las novedades en la normativa contra el blanqueo de capitales?

El pasado 4 de septiembre entró en vigor la nueva modificación de la ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo, operada por el Real Decreto Ley 11/2018, que transpone la Cuarta Directiva sobre Prevención de Blanqueo de Capitales (UE) 2015/849.

Entre las principales novedades, destaca la inclusión del delito fiscal como delito previo al delito de blanqueo. También se consagra el enfoque basado en el riesgo, tal y como se establece en las recomendaciones del SEPBLAC.

Se efectuarán recomendaciones a los Estados que presenten riesgos y deberán velar porque los sujetos obligados adopten las medidas adecuadas que permitan detectar y evaluar sus riesgos.

Otra consecuencia importante es la creación de una “lista negra” en la cual se llevará un registro de los países con deficiencias estratégicas que planteen amenazas importantes para el sistema financiero a fin de proteger el funcionamiento del mercado.

Además, la directiva europea reduce el importe de pago en efectivos relativos a comercio de bienes a 10.000€, cantidad por encima del cual las entidades obligadas deberán tomar las medidas oportunas de diligencia. En España la Ley 7/2012, de 29 de octubre, ya limitó los pagos en efectivo a operaciones a partir de 2.500€.

Por otra parte, los Notarios, otros profesionales independientes del derecho, auditores, contables externos, asesores fiscales pasan a estar exentos de la obligación de comprobar la identidad del cliente y el titular real cuando estén ejercitando sus labores de defensa o representando a dicho cliente.

Blanqueo de capitalesOtra de las novedades es la creación en cada Estado miembro de un registro central de titulares reales. La información deberá estar disponible para autoridades competentes y unidades de inteligencia financiera (SEPBLAC en España), para entidades obligadas que estén aplicando medidas de diligencia debida y para toda persona u organización que pueda demostrar un interés legítimo.

Se refuerza la salvaguarda de la comunicación de buena fe de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por parte de una entidad obligada o de sus empleados/directivos, que no constituirá infracción de la obligación de no divulgación de información impuesta por vía contractual o por disposición legal y tampoco implicará ningún tipo de responsabilidad para la entidad obligada.

¿Qué tipo de sanciones pueden producirse por el incumplimiento de la norma?

Finalmente, se prevé la posibilidad de sancionar (administrativamente) a las entidades por conductas de sus directivos si ha fallado la vigilancia o control y ello ha hecho posible que una persona sometida a su autoridad haya cometido por cuenta de la entidad una infracción.

Esto consolida lo establecido en el Art 31 bis de nuestro Código Penal, por el cual se atribuye la responsabilidad penal a las personas jurídicas por los delitos cometidos por representantes legales o personas autorizadas para tomar decisiones, o por quienes, estando sometidos a la autoridad de un superior jerárquico, han podido realizar los hechos delictivos por haberse incumplido los deberes de supervisión, vigilancia y control.

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